Los Abogados Denuncian La Falta De Control Judicial Del 80 De Los.:Goes by many names

image class="left" url="https://www.micitaprevia.net/wp-content/uploads/2020/08/Cita-previa-renovaciB3n-NIE-por-internet.jpg"Los Abogados Denuncian La Falta De Control Judicial Del ochenta por cien De Los Inmigrantes Argelinos

La polémica política suscitada en el mes de septiembre por la puesta en libertad en Cartagena de treinta argelinos llegados en pateras, sin ser trasladados antes a disposición del juez de guarda, ha derivado en una movilización de los abogados de la comarca para demandar explicaciones al Gobierno central sobre una serie de práctica que consideran «insólitas, preocupantes e inclusive irregulares». En concreto, el Colegio de Abogados estudia elevar una queja frente al delegado del Gobierno, Francisco Jiménez (del Partido Socialista), por el hecho de que solo 65 de los quinientos nueve inmigrantes llegados a la urbe en las 2 últimas de embarcaciones tuvieron asistencia de un letrado.

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Este colectivo profesional asimismo quiere conocer los motivos por los cuales la gran mayoría de estas personas no fueron puestas a predisposición judicial, como sí se ha hecho en decenas de ocasiones durante los años. No es una medida ilegal, pues el traslado al juzgado es una potestad del Ministerio del Interior, mas lo normal es que la Policía Nacional lleve a los extranjeros hasta el juzgado para solicitar autorización para el internamiento temporal, en el expediente de expulsión de España por intento de entrada ilegal en el territorio nacional.

Datos clave

En el caso de los extranjeros que quedaron libres en las calles de la urbe el 20 de septiembre, el Municipio tuvo constancia a través de taxistas de que estas personas tomaron con rumbo a Barcelona y Zaragoza, con el propósito de cruzar la frontera y llegar a Francia. Desde ahí, algunos intentarían alcanzar más tarde Bélgica y Alemania.

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«No tenemos ni la más remota idea de si les han gestionado los expedientes o si los han liberado directamente»

Según señalaron fuentes judiciales, salvo en el caso de menores y mujeres embarazadas o bien con menores a su cargo, dos opciones se abren para los inmigrantes, si no son llevados ante el juez. Una es que salgan de la Comisaría y queden en la calle con un documento de devolución, con la obligación de estar localizables para asegurar el regreso a su país natal. La segunda pero recóndita alternativa es que, al no haber lugar en centros de internamiento de extranjeros (CIE) como el de Sangonera, haya una 'devolución en caliente'.

Críticas al «efecto llamada»

Tanto en un caso como en el otro, los abogados consideran que se trata de procedimientos no convenientes, por diferentes motivos. Arguyen que los inmigrantes tienen derecho a ser conducidos hasta el «juez natural», es decir a que haya un control de su situación por la parte de la Administración de Justicia en el partido judicial al que arriban; y agregan que quedan desamparados, frente a posibles situaciones que requieran medidas de protección como el asilo o el no tener cumplidos los 18 años de edad. Esto último implica la realización de pruebas por la parte de los forenses del Instituto de Medicina Legal. Un abogado del turno de oficio reconoció que, un día en el que había norteafricanos en la Comisaría, fue sobre aviso para acudir a un detenido por otro asunto mas no a estos.

El Colegio advierte de la posible transgresión de derechos de menores y de demandantes de asilo

Según los datos a los que ha accedido este diario, en fechas no precisadas entre el veinte de septiembre y el nueve de octubre pasaron a predisposición judicial ciento seis inmigrantes llegados en pateras. Conforme fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), treinta y uno llegaron al Juzgado de Instrucción tres de Cartagena; 67 al de Instrucción 4; y 8 al de Instrucción 5. Esa cantidad de ciento seis personas equivale al veinte por cien de los quinientos nueve inmigrantes localizados y salvados en ese periodo, frente a las costas de la Zona, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno. Dicho de otra forma, el ochenta por ciento de los argelinos (un dato adelantado hace unos días por Onda Cero Murcia) no comparecieron frente al juez.

En teoría, todos y cada uno de los extranjeros a los que sí vieron los jueces deberían haber tenido el auxilio de un letrado. No obstante, los datos recabados hasta ayer por el Instituto de Abogados, la institución que tiene como decano a Antonio Navarro, solo tuvieron esa asistencia sesenta y cinco personas procedentes del Norte de África.

La mayoría de los puestos en libertad se trasladaron a Francia por Barna y Zaragoza

El diputado segundo y responsable del turno de oficio del Instituto, Miguel Pouget, explicó a este diario que esta entidad festejará en los próximos días una asamblea para abordar lo ocurrido en las últimas semanas con la crisis de las pateras. Y avanzó, que, prácticamente con toda probabilidad, la institución reclamará de forma oficial explicaciones sobre la actuación de la Policía y del aparato gubernamental del Estado, abogados tramites extranjeria en lo que afecta a la asistencia jurídica.

«No tenemos ni idea de de qué forma se han hecho las cosas, si a estas personas se les ha tramitado los expedientes a pesar de no haber asistencia letrada o si se les ha dejado en libertad directamente», comentó Pouget. Y añadió que en el Colegio estiman que «el traslado de inmigrantes que han llegado a Cartagena a la comisaría de Murcia -asimismo hubo reparto de inmigrantes por Molina de Segura y Lorca- supone una falta de rigor competencial absolutamente brutal, incluso de cara a la competencia del juez penal, si es necesaria su intervención» por la posible comisión de delitos, como el del favorecimiento de la inmigración ilegal.

En estas últimas dos oleadas, la Policía consiguió que los jueces imputaran a un hombre sospecho de ser el piloto o 'paterista' de una de las embarcaciones, cita nie madrid así como a 6 por el homicidio por imprudencia de un pequeño de 11 años ahogado en la travesía por el Mar Mediterráneo.

«Ha habido una desviación absoluta, sin justificación, pues hay que dotar de medios a los jueces competentes», apuntó Pouget. Y recordó que se pude haber pervertido «el derecho constitucional a un juez natural», lo que puede producir una ocasional protesta frente al Consejo de Europa. Este especialista señaló asimismo que los perjudicados pueden caer en situación de «indefensión», si no conocen la lengua castellana y, cita extranjeria en bilbao con esto, tampoco el sentido y alcance de las resoluciones administrativas. En los juzgados, las comparecencias se efectúan con presencia un traductor, para garantizar la seguridad jurídica.

A través de un portavoz, Jiménez anunció su compromiso de responder hoy a 'La Verdad' sobre su gestión de esta crisis. Días atrás, tras las críticas de Municipio, PP, Cs, MC, Podemos-Iu-Equo y Vox por cita nie madrid el «efecto llamada» debido al trato a los extranjeros y por el potencial peligro de conflictos de seguridad y sanitarios, defendió la legalidad de las medidas, en coordinación con los ministerios del Interior y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. También denunció un «acoso institucional y político», pese a «un drama humanitario como la inmigración».

El dispositivo de hace dos años

Los populares insistieron en que debe dar explicaciones en la Reunión Regional, entre otras cosas por el hecho de que medio centenar de argelinos pasaron la noche del 6 al 7 de octubre acostados en sillas, bajo una carpa de tela y plástico en el patio de la Comisaría cartagenera.

En el Colegio de Abogados recordaron que, en octubre de dos mil diecisiete, anterior coordinación entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Delegación, decenas y decenas de personas, entre jueces, funcionarios, traductores y letrados montaron dos juzgados de guardia, uno de ellos en el pabellón situado al Centro Integrado de formación profesional Hespérides. Allí tomaron declaración a 285 de los quinientos treinta y cuatro inmigrantes llegados en más de cincuenta pateras. Los ciento cincuenta trasladados a Murcia, Lorca y Molina de Segura pasaron «de forma excepcional» por los juzgados de estas zonas, algo que ahora no ha sucedido.

Los argelinos acabaron entonces en la prisión de Archidona (Málaga), en medio de una fuerte polémica por no estar habilitada como CIE. Quien era delegado gubernativo, Francisco Bernabé (del Partido Popular), había llegado al cargo exactamente porque el también popular Antonio Sánchez-Solís dejó en las calles de Cartagena a sesenta argelinos. Ahora, es el socialista Jiménez quien está en el ojo del huracán político.

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