Madre Y también Hija Se Hicieron Pasar Por Abogadas De Inmigración Y Por Su Culpa Deportaron A Sus Clientes
La sonrisa afable de no se difuminó en sus 6 oficinas en el sur de California ni siquiera cuando se enteró que uno de sus clientes fue deportado debido a su representación legal indebida. Tuvo exactamente la misma reacción con otro caso en el que una mujer regresó a Guatemala por la expulsión de su esposo, que asimismo fue su cliente.
La ‘notaria’ o consultora de inmigración Judith Gil, de 65 años, no actuaba sola. Su hija, Minerva Gil, de 36, era su cómplice defraudando a múltiples inmigrantes a los cuales les cobraron miles de dólares estadounidenses prometiéndoles permisos de trabajo, procesos de asilo y tarjetas de residencia permanente. Ya que ninguna estaba autorizada para ejercer la abogacía en el estado de California, cita para toma de huellas extranjeria estos jamás llegaron a sus manos.
Según las autoridades, incluso afirmaban que tenían contactos en el Servicio de Naturalización y Ciudadanía (USCIS) que les facilitaban la aprobación de esos trámites. Mas la mayor parte de las veces no hacían más que someter los procesos a dicha entidad y después los abandonaban a su suerte.
"Hizo mucho daño a muchos clientes que fueron sus víctimas", dijo a Mike Chávez, investigador de la Barra de Abogados de California, que tomó este caso hace unos meses. "No va a salvar a bastante gente de que los deporten", advirtió siendo cuestionado sobre las consecuencias que este negocio fraudulento podría acarrear a las víctimas.
Otros perjudicados tuvieron que contratar a abogados legítimos buscando no finalizar en la lista negra del Servicio de Aduanas y Control Fronterizo (ICE).
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Al momento no se tiene una cantidad precisa de víctimas de las Gil, ni de cuántos terminaron deportados por culpa suya. La Fiscalía de Los Ángeles, que representó a los afectados ante una corte local, indicó que madre y también hija "fueron acusadas de aparentemente cobrar a los clientes miles de dólares por servicios, mientras ofrecían información falsa y consultoría legal no calificada".
La demanda penal contra Judith Gil incluye 17 cargos, que van desde violaciones a leyes de consultoría migratoria y fraude, hasta la práctica ilegal cita de extranjeria la abogacía. Tras no contender contra estos cargos, un juez la sentenció a sesenta días en una prisión del condado, aunque le dio la opción de cumplir esa condena en su casa o efectuando trabajo comunitario durante cuarenta y seis días. Después deberá cumplir 36 meses de libertad condicional.
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También se le ordenó restituir un total de 13,355 dólares a tres de sus víctimas. Por último, se le señaló que no debe brindar asesoría legal o bien fomentarse como letrada sin tener una licencia y que solo con la autorización de las autoridades federales puede trabajar como asesora de inmigración.
En tanto, a su hija, quien fue acusada de un cargo de actuar inadecuadamente como asesora de leyes de inmigración y ser parte de la impostura de su madre, le impusieron una condena de treinta días en una cárcel del condado, que puede purgar solo con 20 días de trabajo comunitario. También deberá abonar tres con ochocientos cincuenta y cinco dólares estadounidenses a una víctima y cumplir 36 meses de libertad condicional.
"Nuestras comunidades de inmigrantes son más susceptibles que jamás a ser explotadas por aquellos que se aprovechan de su temor y vulnerabilidad", dijo Mike Feuer, fiscal de Los Ángeles, al anunciar el pasado jueves las convicciones contra estas mujeres.
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Los investigadores obtuvieron una orden a principios de febrero para registrar las seis oficinas de las Gil en el sur de California. En unas trescientos cajas empacaron miles de documentos que utilizaron como patentiza en el juicio y que ahora buscan devolver a las víctimas. "Esos clientes fueron a Judith Gil creyendo que ella era una abogada", dijo Abraham Baghen, funcionario de la Asociación de Abogados californiana.
Una de las supuestas víctimas de las Gil es Julie Blanco, una joven colombiana que aduce haberles pagado en torno a 4,000 dólares esperando que le ayudasen a regularizar su estatus migratorio. "Simplemente confié en ellos", lamentó .
Por su parte, el venezolano Jennsi Villavicencio dice que su porvenir es dudoso por el hecho de que ignora de qué forma procesaron su proceso de asilo. Merced a su permiso de trabajo, que vence en 2020, él mantiene a sus familiares en Venezuela, un país que encara una severa crisis política y económica.
"Me preocupa día tras día que pasa. No sé qué pueda pasar a partir de aquí. Todo es incierto", dijo.
Estos son ciertos consejos que ofrece la dependencia para no caer en las garras de los defraudadores:
No contrate a un ‘notario’ o asesor de inmigración si busca ayuda sobre su situación migratoria. Ellos no son abogados ni expertos en inmigración. De hecho, la ley no demanda que sepan nada sobre derecho migratorio porque solo tienen permitido asistirle con tareas no legales, como traducir información.
No pague a un letrado de inmigración sin antes confirmar que la persona está autorizada para ejercer la profesión. Para esto consulte la página de internet de la Asociación de Abogados de cada estado. Asimismo se puede buscar en la base de datos de la
No pague por formularios de inmigración. Puede pedir estos documentos sin costo alguno llamando al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) al teléfono (800) ochocientos setenta-tres mil seiscientos setenta y seis o bien visitando
Obtenga información sobre inmigración de páginas lícitas del gobierno (su link termina con gov).
No entregue dinero por servicios de inmigración hasta haber solicitado y leído una imitación de su contrato. Si no habla inglés, está en su derecho a repasar una copia traducida al de España, que debe apuntar los servicios que se van a prestar y el costo. Toda vez que le pague a un abogado o asesor pida un recibo.
En fotos: De esta forma es el centro de detención para inmigrantes más grande de California